El presidente de la Asociación de Fiscales de la provincia de Buenos Aires, Walter Martínez Soto, dirigió una carta a la Suprema Corte de Justicia bonaerense para expresar la “máxima preocupación institucional, la crítica situación salarial y laboral que atraviesan las y los fiscales de primera instancia, y el grave impacto que ello genera en el funcionamiento del Ministerio Público”.
“Esta realidad es incompatible con la responsabilidad permanente que exige la función fiscal -una labor de dedicación exclusiva-, que implica: Guardias ininterrumpidas los 365 días del año, Disponibilidad absoluta durante las 24 horas, con el teléfono operativo de manera constante, Intervención urgente y directa en hechos de elevada complejidad y sensibilidad social”, señala la carta enviada a las autoridades judiciales.
El texto continúa diciendo: “A esta situación se suma la pérdida constante de personal, fenómeno que se ha vuelto estructural. Los empleados y funcionarios formados en esta Provincia -muchos de ellos con años de capacitación, experiencia y especialización financiada íntegramente por el Estado provincial- migran de manera creciente hacia la Justicia Federal, la Justicia Nacional y la de CABA, donde las condiciones laborales y remunerativas resultan ampliamente superiores. Esta fuga implica no solo un vaciamiento de recursos humanos esenciales, sino también la pérdida efectiva de la inversión en formación realizada por la Provincia, que no logra retener al personal que ella misma capacita”.
“Asimismo, es imprescindible destacar que, debido a la grave situación salarial, los secretarios no se presentan a rendir examen para acceder al cargo de fiscal, aun reuniendo la idoneidad y preparación necesarias. Esta conducta, inédita en términos históricos, evidencia el grado de deterioro que atraviesa la carrera fiscal y la percepción generalizada de que las responsabilidades asignadas no guardan proporción con las condiciones remunerativas actuales”, cita el escrito.
La extensa carta continúa:
Del mismo modo, se verifica una creciente y preocupante renuncia de fiscales en actividad, quienes, ante la imposibilidad de sostener las exigencias de la función con los salarios actuales, optan por abandonar sus cargos o trasladarse a otros ámbitos del Poder Judicial con mejores condiciones laborales. Este fenómeno, que se intensifica año tras año, agrava el vaciamiento institucional y compromete la continuidad operativa del Ministerio Público.
La situación descripta no sólo compromete la calidad del servicio de justicia, sino que afecta de manera directa la independencia y autonomía funcional, pilares esenciales para el ejercicio imparcial y eficaz de la persecución penal. Un sistema que no garantiza condiciones mínimas de estabilidad y suficiencia salarial deteriora inevitablemente la fortaleza institucional del Ministerio Público.
Si bien no desconocemos el crítico contexto presupuestario que atraviesa la Provincia de Buenos Aires, resulta imprescindible señalar que dicho contexto no es un fenómeno reciente: el presupuesto destinado al Poder Judicial ha descendido de manera sostenida durante décadas, pasando de representar aproximadamente el 7% del presupuesto provincial en 1980 a apenas el 3,22% en la actualidad. Esta reducción estructural explica, en gran medida, la imposibilidad de sostener condiciones salariales y funcionales acordes con la magnitud de la tarea fiscal. La realidad actual compromete seriamente la continuidad institucional y la protección de los derechos de la ciudadanía.
Manifestamos, asimismo, nuestra plena disposición al diálogo y a participar activamente en cualquier mesa de trabajo orientada a encontrar soluciones viables, urgentes y sostenibles. En virtud de esta vocación, solicitamos formalmente que nuestra Asociación sea incorporada, al menos en carácter de veedora, en las negociaciones paritarias correspondientes a nuestro sector.
Resulta imprescindible señalar que la situación ha llegado a un punto de inflexión: sin medidas inmediatas, la estructura del Ministerio Público seguirá debilitándose.
Por todo lo expuesto, instamos a los organismos destinatarios a adoptar acciones concretas y urgentes que permitan recomponer la escala salarial, frenar la pérdida de personal, resguardar la capacitación realizada con recursos provinciales, garantizar condiciones laborales acordes con la magnitud de la tarea fiscal y proteger la independencia funcional que la Constitución exige”, concluye.