El fiscal federal Diego Luciani pidió la pena de 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner al acusarla de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, al finalizar sus alegatos en el juicio oral por la denominada causa Vialidad en la que se investigan una serie de obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.
En el expediente, en el que figuran 13 imputados en total, la fiscalía también solicitó la pena de 6 años de cárcel para el ingeniero civil trenquelauquense Mauricio Collareda, quien al momento de las presuntas maniobras se desempeñaba como jefe de Distrito N°23 “Santa Cruz” de la Dirección Nacional de Vialidad.
Collareda tiene 48 años, es ingeniero civil recibido en la Universidad Nacional de Bahía Blanca, y cursó sus estudios secundarios en la Escuela Técnica de Trenque Lauquen.
En la audiencia de hoy el fiscal Sergio Mola expuso que la defraudación al estado nacional en las obras que recibió Báez fue de 5.321 millones de pesos. Y el fiscal Luciani pidió el decomiso sobre los bienes de los acusados por ese monto prorrateado entre los acusados. También solicitó el decomiso de las empresas de Báez y de 12 estancias compradas por él y por sus hijos.
A la hora de pedir las penas, Luciani acusó a Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, a Lázaro Báez y al ex titular de la dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti como organizadores de la asociación ilícita y autores de fraude a la administración pública y solicitó para ellos una de penas de entre doce y diez años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Para Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner y ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, la fiscalía pidió dos años de prisión por abuso de autoridad. Kirchner llegó acuso de integrar la asociación ilícita pero los fiscales señalaron que no probó su participación.
Al resto de los imputados los acusó del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Son Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; Raúl Daruich Y MAURICIO COLLAREDA, EX JEFES DEL DISTRITO SANTA CRUZ DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Para ellos la Fiscalía solicitó penas de entre seis y cuatro años de prisión.
AQUÍ EL RESUMEN DE LOS PEDIDOS DE PENAS:
Cristina Kirchner, ex presidenta. 12 años.
Lázaro Báez, empresario. 12 años.
Julio De Vido, ex ministro de Planificación. 10 años
José López, ex secretario de Obras Públicas. 10 años.
Nelson Periotti, ex titular Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 10 años.
Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV. 6 años.
Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la AGVP. 6 años.
Raúl Daruich, responsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV. 5 años.
Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP. 5 años.
Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas. 4 años de prisión.
José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP 13. 4 años.
Héctor Garro, ex presidente de la AGVP. 3 años de prisión en suspenso.
Carlos Santiago Kirchner, exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner. Absolución por asociación ilícita y 2 años por administración fraudulenta.