A partir del próximo 5 de septiembre comenzará a regir en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que sustituirá al sistema vigente desde 1980. Uno de los principales cambios que introduce la normativa es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasará de los 16 a los 14 años.
Con el nuevo régimen, los adolescentes de 14 años en adelante podrán ser sometidos a un proceso judicial por delitos contemplados en el Código Penal y, de acuerdo con la gravedad del hecho y las circunstancias del caso, recibir una condena que puede incluir la privación de la libertad.
La ley establece un sistema penal específico para adolescentes, con penas de hasta 15 años y sin posibilidad de aplicar prisión o reclusión perpetua. Cuando corresponda el cumplimiento de una pena de encierro, deberá realizarse en establecimientos destinados exclusivamente a menores y separados de las personas adultas. La normativa también contempla la posibilidad de arresto domiciliario.
Sin embargo, la privación de la libertad no será una medida automática. El nuevo régimen incorpora distintas alternativas para determinados delitos y situaciones, entre ellas restricciones de acercamiento, reparación del daño, reglas de conducta y la realización de actividades educativas o comunitarias.
Entre las nuevas herramientas también aparece el monitoreo electrónico y la intervención de supervisores especializados, que tendrán a su cargo el seguimiento de los adolescentes sometidos a medidas judiciales.
La normativa mantiene, además, la prohibición de difundir información que permita identificar a los menores imputados y establece medidas orientadas a reforzar los derechos de las víctimas durante el proceso penal.
La puesta en marcha del nuevo sistema genera interrogantes dentro de la Justicia, especialmente por el posible incremento de causas y la disponibilidad de recursos para afrontar su aplicación. Entre las principales preocupaciones se encuentran la cantidad de establecimientos adecuados para alojar adolescentes, los dispositivos de monitoreo electrónico y la disponibilidad de supervisores especializados.
En el ámbito de la Justicia nacional también se analiza cómo compatibilizar el nuevo régimen con normas procesales que todavía se encuentran vinculadas al sistema anterior. A su vez, distintas provincias avanzan en la adaptación de sus estructuras y procedimientos, mientras organismos judiciales mantienen reuniones para establecer criterios comunes frente a la entrada en vigencia de la nueva normativa.
Fuente: Infobae