
Con el respaldo de los 71 legisladores presentes, la Cámara alta aprobó la ley de discapacidad que mantiene los principales beneficios de la ley de emergencia.
El Senado de la Nación convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad, que mantiene prácticamente todos los beneficios contemplados en la legislación de emergencia que vence en diciembre, pero establece un régimen permanente.

La sanción se produjo un año después de que el oficialismo rechazara la ley de emergencia en discapacidad y luego del respaldo del papa León XIV a los reclamos de las personas con discapacidad y sus familias. El nuevo marco legal busca garantizar la continuidad de las prestaciones, las pensiones y las coberturas médicas, además de establecer mecanismos de financiamiento y auditoría.
LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA NUEVA LEY
La norma, denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, reproduce gran parte de los beneficios establecidos en la Ley 27.793, aunque elimina su carácter transitorio y los convierte en disposiciones permanentes y de orden público.

Entre sus principales medidas, mantiene la compatibilidad entre las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, y el empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
También conserva el nomenclador único de prestaciones y establece la actualización automática y periódica de los aranceles según el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la inflación.
Asimismo, garantiza la cobertura médica básica mediante el programa federal Incluir Salud y dispone que el presupuesto del Ministerio de Salud destinado al sector no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.

En materia de controles, establece auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo criterios que garanticen el debido proceso inclusivo.
Finalmente, incorpora un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la legislación.
La aprobación llegó durante una extensa sesión que también incluyó el ingreso de pliegos judiciales, ascensos militares y pedidos de tratamiento preferencial para otros proyectos, entre ellos una prórroga del Estatuto del Periodista.
Fuente: Agencia DIB