El Gobierno nacional extendió a las cárceles provinciales el sistema de bloqueo de teléfonos celulares que hasta ahora alcanzaba a los establecimientos federales. La medida fue formalizada mediante la Resolución 734/2026 del Enacom y se aplicará en las jurisdicciones que adhieran al protocolo nacional.
El sistema permitirá inhabilitar dispositivos utilizados dentro de pabellones y sectores de acceso restringido. Las empresas de telefonía deberán bloquear el IMEI del equipo, el IMSI de la tarjeta SIM y la línea asociada.
El procedimiento no será automático. Cada bloqueo deberá ser solicitado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que será el único canal entre las provincias adheridas y las compañías telefónicas. De esta manera, las jurisdicciones no podrán disponer bloqueos de manera independiente.
La medida surgió luego de un pedido del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza para incorporar los establecimientos provinciales al sistema. Esa provincia también avanzó con una licitación para adquirir tecnología de localización, inhibición selectiva y georreferenciación.
La resolución establece que los sistemas deberán configurarse para evitar interferencias fuera de los establecimientos y no afectar a vecinos, comercios ni otros usuarios. Las empresas, además, deberán registrar y conservar las gestiones realizadas para garantizar su trazabilidad.
Según los fundamentos, el objetivo es prevenir delitos organizados desde las cárceles mediante el uso de teléfonos celulares. El Enacom recordó que la Ley 24.660 prohíbe este tipo de comunicaciones dentro del sistema penitenciario.
La normativa modifica el régimen vigente desde 2016 para equipos denunciados por robo, hurto o extravío e incorpora expresamente los dispositivos detectados en establecimientos penitenciarios.
Fuente: Infobae