El Senado bonaerense dio media sanción a un proyecto que permitirá a los municipios destinar hasta el 100% de los fondos coparticipados del Impuesto Inmobiliario Rural a obras de infraestructura hídrica durante 180 días. La iniciativa busca facilitar la prevención de inundaciones, pero genera preocupación en el sector agropecuario por el posible uso de esos recursos en zonas urbanas, en detrimento del mantenimiento de los caminos rurales.
El proyecto, impulsado por el senador Sergio Vargas, de Unión y Libertad, fue girado a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento. La propuesta habilita a los intendentes a utilizar esos recursos para trabajos de drenaje pluvial, dragado de canales, reparación de alcantarillas y compra de equipamiento hídrico.
Actualmente, el 20% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural se distribuye entre los municipios y debe destinarse al mantenimiento de la red vial rural. Con la modificación propuesta, los distritos podrían reasignar hasta la totalidad de esos fondos durante seis meses para atender obras consideradas prioritarias frente al riesgo de inundaciones.
La medida encendió las alertas de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que reclama precisiones sobre el destino de los recursos. La principal objeción es que el proyecto no establece que las obras financiadas deban ejecutarse exclusivamente en áreas rurales.
Desde la entidad advierten que, sin esa limitación, los fondos aportados por el campo podrían terminar destinados a trabajos en los cascos urbanos, mientras los caminos rurales continúan acumulando necesidades de mantenimiento. También señalaron como antecedente la utilización de la tasa vial en zonas urbanas, una situación que, según sostienen, se repite en perjuicio de los productores.
Durante el debate, Vargas defendió la iniciativa al señalar que busca darles mayor margen de acción a los intendentes frente a las emergencias hídricas y ante la posibilidad de inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño. El legislador sostuvo que los municipios necesitan flexibilidad para responder a las necesidades de sus comunidades y remarcó que la medida establece una facultad, no una obligación.
El proyecto deberá ahora ser debatido en la Cámara de Diputados, donde podría recibir modificaciones. Mientras tanto, desde CARBAP insisten en que se incorpore una garantía para que los recursos vinculados al Impuesto Inmobiliario Rural se utilicen en obras dentro del ámbito rural.
La discusión pone en el centro una cuestión clave para los distritos bonaerenses: cómo prepararse para las inundaciones sin descuidar los caminos que utilizan a diario los productores, transportistas y vecinos de las zonas rurales.
Fuente: Infocielo