La Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dictaminó a favor del Departamento Ejecutivo Municipal de Trenque Lauquen en la discusión planteada por la oposición en torno al arrendamiento de unas 300 hectáreas rurales ubicadas en la zona del Bajo Los Quilmes al resolver que “no resulta exigible” una autorización al Concejo Deliberante para concretar el procedimiento.
En el dictamen, que no resulta vinculante y “se inscribe en el marco de colaboración habitualmente ofrecido a las Municipalidades”, la AGG dio por válido el procedimiento instrumentado por el Ejecutivo y defendido en las sesiones del HCD por la bancada oficialista cuando la oposición planteó que debía pasar “obligatoriamente” por el Concejo Deliberante el expediente para concretar el arrendamiento.
El debate se dio con la conformación anterior del HCD, con un planteo del bloque del Frente Renovador integrado por Jorge y Mariel Jordán quienes había elevado un pedido de informe al Ejecutivo y el propio Jorge Jordán había advertido en declaraciones: “Queremos que se regularice la situación del predio rural y por eso le presentamos una nota al intendente para saber si lo alquilaron o lo usurparon, si lo alquilaron lo debe autorizar el Concejo Deliberante pero nunca lo informaron”.
Ahora, en un expediente que fue ingresado en la sesión anterior del HCD, la AGG determinó que “en el caso de marras, teniendo en consideración que el inmueble objeto del arrendamiento por el que se consulta, no es un “bien público o privado” de la Comuna; cabe concluir que la exigencia prevista en la citada norma legal -autorización por parte del Concejo Deliberante- no resulta de aplicación”.
Es que esa exigencia del requerimiento de la venia del HCD es para los bienes que son propiedad de la Municipalidad, y el predio rural del Bajo Los Quilmes fue “cedido” por la Provincia al Municipio años atrás, y no es propiedad de la Comuna, sino que tiene una “cesión de uso y explotación”.
Esas hectáreas rurales en la actualidad están siendo explotadas por un privado luego de una licitación que realizó el Departamento Ejecutivo donde se presentaron tres oferentes y fue otorgada a la que resultó “la más ventajosa en términos económicos” para el Municipio. Se trata en realidad de un campo que es un reservorio de agua que en los años con lluvias intensas no permite realizar ningún tipo de actividad de explotación ni agropecuaria ni ganadera, y que en la época de “seca” permite solo utilizar entre 60 y 90 hectáreas de las 300, ya que el resto son lagunas, de acuerdo a los datos históricos.