La Justicia Federal de Venado Tuerto ordenó realizar de manera «inmediata e integral» las obras de reparación y mantenimiento de las rutas nacionales 33, 7 y 8 en el departamento General López, en el sur de Santa Fe. La resolución alcanza a los tramos que atraviesan la región, aun cuando se encuentren bajo concesión.
El fallo fue dictado por el juez federal Aurelio Cuello Murúa, quien dejó firme un amparo presentado en 2025 y rechazó los argumentos planteados por las empresas y organismos responsables para evitar la ejecución de las obras. En consecuencia, intimó a Vialidad Nacional a cumplir con la resolución judicial.
La situación de la Ruta 33 es uno de los principales puntos de preocupación en la región. El corredor une Rosario con Bahía Blanca y constituye una vía fundamental para el traslado de la producción agropecuaria y de cargas. En distintos sectores se registra un marcado deterioro de la calzada, con pozos, ondulaciones y sectores que dificultan la circulación.
El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, señaló que los accidentes aumentaron un 30% en uno de los tramos de la ruta y advirtió sobre el riesgo que representa para quienes transitan diariamente por el corredor.
«En la Ruta 33 hay un gran deterioro y da miedo. Muchos usan rutas provinciales por temor. Pero por ahí pasa el 70% de la producción», sostuvo el jefe comunal.
El fallo judicial remarcó que la existencia de concesiones no elimina las responsabilidades vinculadas con el mantenimiento de las rutas. El magistrado consideró que hubo una «omisión prolongada de tareas de mantenimiento y conservación» que afectó la transitabilidad de las vías analizadas.
Los reclamos por el estado de la Ruta 33 se intensificaron durante los últimos años debido al impacto que tiene el deterioro de la calzada tanto en la seguridad vial como en el transporte de cargas. La circulación de camiones y vehículos vinculados con la actividad agropecuaria convierte a este corredor en uno de los principales ejes logísticos del sur santafesino.
Además del riesgo de accidentes, el mal estado de la ruta genera mayores costos para transportistas y empresas, debido al aumento de los tiempos de viaje, el desgaste de los vehículos y la necesidad de utilizar caminos alternativos.
La resolución judicial establece así la obligación de avanzar con las tareas necesarias para recuperar las condiciones de transitabilidad de la Ruta 33 y de las rutas nacionales 7 y 8 en el departamento General López.