Por ahora ni las rutas nacionales 5 y 33 aparecen en los proyectos inmediatos de obras a realizar, pese al incremento de los reclamos, como el de hace pocos días en el documento conjunto que firmaron los intendentes de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, y Sofía Gambier, de Pellegrini
También los jefes comunales de la región se han ocupado, ante la ausencia de las concesionarias viales de efectuar, aunque sea del mínimo trabajo de ocuparse de darle visibilidad a las banquinas, de ir desmalezando esos sectores en los tramos propios de sus distritos.
Se sabe que el gobierno se apresta en estos días a firmar un decreto para empezar con las privatizaciones de las rutas, contemplando por ahora sólo el corredor vial relacionado con la explotación de las rutas 12 y 14, que serán readjudicadas. Las mismas atraviesan la región mesopotámica por las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
Tal vez, una embrionaria aspiración por encontrar una solución a uno de los problemas más graves que tiene la integración del país, que ya encierra varios y fracasados capítulos. La red vial argentina se halla seriamente deteriorada en buena parte de sus caminos o en tramos de ellas, sin que tal panorama merezca una respuesta estatal contundente, lo cual, arroja ya un saldo anual de unas 7 mil vidas perdidas en los siniestros sucedidos.
Es cierto, también, que en ese número deben contabilizarse actitudes imprudentes y negligentes de algunos conductores, sobre todo en las maniobras de sobrepaso, que no sucederían si se contara con autovías o autopistas, en lugar de rutas de doble mano.
La insensata casi supresión del ferrocarril, ha contribuido también al agravamiento en el daño de las carreteras, por cuanto ello incrementó el paso de camiones y otros vehículos pesados que hoy transportan algo más del 80 % de la carga total del país.
EL PLAN LAURA
En 1998 se conoció un proyecto basado en la propuesta del abogado y economista (muchos equivocadamente lo diploman como ingeniero) Guillermo Laura, fallecido en julio del año pasado. Tal vez su interés por las cuestiones viales fue herencia de su padre, el ingeniero Olimpo Laura, que se desempeñaba en la Dirección de Vialidad y fue responsable del trazado original de la Avenida General Paz.
La iniciativa de Laura hijo apuntaba a la sustitución del actual sistema de peaje por el de una nueva red federal de autopistas, de unos 10.000 kilómetros, financiadas por una tasa de un centavo de dólar por cada litro de combustible cada 1.000 kilómetros de ruta construida. Esta red de autopistas vincularía las capitales de provincia, habilitaría las conexiones con países vecinos, acceso a los puertos y centros turísticos, además de la seguridad que brindaría a los viajeros. La tasa se incrementaría a medida que la red se ampliara.
Pero, además, el Plan Laura, preveía que las petroleras, que percibirían la tasa, deberían depositar esos fondos en bancos fideicomisarios que recibirían esas sumas en nombre de las empresas adjudicatarias, que sólo podrían retirarlas una vez terminada la construcción del tramo asignado. Mientras tanto, se les concedía a las concesionarias otras explotaciones, como playas de estacionamiento, hoteles y restoranes a la vera de las rutas.
El proyecto murió antes de nacer, vetado por el Fondo Monetario Internacional, un gendarme permanente de nuestra economía, que estimaba que pondría en riesgo las cuentas fiscales, además de la oposición de la Cámara Argentina de la Construcción, cuyos empresarios usufructuaban el fértil negocio, que significaba realizar obras sólo con el dinero del Estado, un gran caldo de cultivo para la corrupción, que hoy revela la llamada “Causa Cuadernos”.
LAS PPP
Durante la presidencia de Mauricio Macri se intentó un sistema distinto: poner las rutas en manos de un consorcio que financiara la obra a través de un esquema de participación público privada, es decir, los privados hacían la obra y la cobraban con un título del Estado, además del peaje y una porción de la recaudación del impuesto a los combustibles. El sistema alcanzó a implementarse tibiamente, incluso en la ruta 5, en el tramo Mercedes –Suipacha.
El nuevo gobierno de Alberto Fernández, que sucedió al de Macri, desactivó el proyecto, y las rutas quedaron en manos de un organismo estatal denominado Corredores Viales, y desde entonces poco y nada se avanzó en el mejoramiento de la red caminera.
El último registro que se conoce data de 2021, cuando el entonces ministerio de Obras Públicas, informó que apenas un 31,7 % de la red vial nacional estaba en buen estado, un 27,6 % regular y un 40,7 % pésimo. Al no haber inversiones importantes es claro que todo empeoró desde entonces. El año pasado, una consultora internacional elaboró un ranking, en el cual Argentina ocupó el lugar 54 de 59 países analizados.
En definitiva, una crónica más de las frustraciones argentinas. Ya Lucio V. Mansilla, cuando se discutía si una línea de ferrocarril era demasiado cara, afirmaba con simpleza: “Obras públicas buenas son las que se hacen y malas, las que no se hacen”.