El bloque de concejales de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para que las autoridades gubernamentales y de la Justicia de la provincia de Buenos Aires atiendan “la grave situación creada en el Poder Judicial del Departamento de Trenque Lauquen ante la falta de nombramientos para cubrir las vacantes de Funcionarios en dicho poder del Estado y se proceda a su designación”.
La iniciativa, que lleva la rúbrica del ahora nuevo bloque de Juntos por el Cambio integrado por 10 concejales con la reincorporación de Claudio Figal y Ana Mónica Lamaisón, extiende esa solicitud al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de Senadores bonaerense, el Consejo de la Magistratura, y a la Suprema Corte de Justicia y al Procurador de la Provincia de Buenos Aires. También piden a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, “de tratamiento al Proyecto de Ley presentado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, para declarar en emergencia provincial la cobertura de vacantes en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, hasta el 9 de diciembre de 2023”.
Estos son los fundamentos del proyecto de comunicación que será tratado este viernes en una nueva sesión del Concejo Deliberante, por videoconferencia:
Que la lentitud para ocupar nuevas vacantes, el cúmulo de trabajo y la falta de recursos materiales para llevar adelante investigaciones penales, pusieron al límite el sistema penal.
Que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, como cabeza constitucional del Poder Judicial, se ha pronunciado acerca de la falta de cobertura de vacantes en el Poder Judicial y ha solicitado de los Poderes Ejecutivo y Legislativo provincial la agilización de los procedimientos tendientes a la obtención de dicho fin.
Que los Fiscales y Magistrados Bonaerenses advirtieron ante el colapso del sistema penal y pidieron mayores recursos económicos y humanos con el fin de ofrecer una justicia eficiente, ágil y acorde a las demandas sociales.
Que el ámbito de actuación resulta ser el más extenso, poblado, de mayor conflictividad y vulnerabilidad social; todo lo cual se ve reflejado en la cantidad, diversidad y complejidad de los procesos penales que se tramitan.
Que en el año 1998 se impuso a los Agentes Fiscales la responsabilidad de llevar adelante la persecución penal, sin dotarlos de los recursos necesarios para cumplir su función de manera eficiente.
Que existen Agentes Fiscales con turno permanente de trescientos veinte días al año las veinticuatro horas, con superposición de funciones simultáneas, debiendo intervenir en la instrucción y en la etapa de debate oral, en condiciones edilicias deplorables, con escasez de insumos básicos como impresoras, fotocopiadoras, escáneres, y lo más importante, en ausencia de un plantel de empleados y funcionarios acorde a la demanda de trabajo.
Que se suma a la falta de creación de cargos, la gran cantidad que quedan por cubrir tanto de empleados y funcionarios, como de magistrados en todos los departamentos judiciales.
Que la posibilidad de profundizar investigaciones de hechos complejos se ve notablemente condicionada; máxime si se tiene en cuenta la falta de profesionales y especialidades en las áreas periciales -tanto por inexistencia como por vacantes de cargos que tampoco fueron cubiertas-, así como de insumos. Lo que, redunda frecuentemente en que no haya donde realizar determinadas labores o que las fechas otorgadas para ello sean tan lejanas que atenten contra el resultado de la investigación y el trámite del proceso, por exceder los plazos que la normativa establece.
Que debe tenerse en cuenta como un parámetro objetivo que muestra la desigual asignación de recursos, que por ejemplo desde el año 2007 a la actualidad, la Policía de la Provincia de Buenos Aires duplicó su dotación y pasó de tener 45.000 efectivos en actividad a 90.000. Dicho crecimiento se motivó en el aumento exponencial de población y conflictos en la provincia, aunque ello no trajo aparejado un crecimiento proporcional en los recursos humanos de la Justicia.
Que la relevancia social de la Justicia Penal, impone la necesidad de un accionar urgente en auxilio de un servicio de justicia próximo a colapsar.
Que según un relevamiento realizado por la Suprema Corte, en el Poder Judicial bonaerense, acontece el porcentaje más alto de vacantes desde su fundación, el más alto nivel de su historia. Más del 15 por ciento del total de los cargos en los órganos jurisdiccionales en funcionamiento en todo el territorio bonaerense están sin ocupar. Incluso, algunas dependencias ni siquiera fueron puestas en marcha, a pesar de tener magistrados a cargo.
Que el Máximo Tribunal de Justicia (que paradójicamente tiene libre una de sus sillas) solicitó al Poder Ejecutivo y Legislativo la agilización de los procedimientos tendientes a la pronta cobertura de los cargos vacantes correspondientes a magistrados, debido a que la cantidad de puestos disponibles pone en serio riesgo la prestación del servicio de justicia.
Que según precisó la Corte, del total apuntado, 99 vacantes están en trámite de selección de postulantes ante el Consejo de la Magistratura, mientras que 33 poseen ternas, listas conjuntas o propuestas que han sido elevadas por el Consejo al Poder Ejecutivo, sin que hasta la fecha se hayan remitido al Senado provincial.
Que 36 vacantes están siendo cubiertas transitoriamente por integrantes del Cuerpo de Magistrados Suplentes, 17 por magistrados que cuentan con decretos para órganos que aún no funcionan, pero que se les ha tomado juramento anticipado para paliar “mínimamente” la grave situación, inclusive en departamentos judiciales distintos al que fueron designados.
Que el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires mostró su preocupación por la falta de cobertura de 600 vacantes en el Poder Judicial y elaboró un anteproyecto de ley para declarar en emergencia provincial la situación hasta el 9 de diciembre de 2023.
Que en los fundamentos del proyecto los magistrados informan que “se llevó adelante un trabajo de relevamiento, que fue realizado por los representantes del poder judicial de la provincia de Buenos Aires ante el Consejo de la Magistratura y por el Colegio provincial, a través de los representantes de los diecinueve departamentos judiciales, y se identificó un número próximo a las 600 vacantes, lo que demuestra claramente que el sistema de Justicia planificado por el legislador está preocupantemente lejos de lo previsto, lo que impacta de manera negativa en el derecho a la debida administración de justicia que la Constitución Nacional le reconoce a la ciudadanía.
Que se puso de manifiesto la preocupación en torno a la situación actual del servicio de justicia en el ámbito provincial y puntalmente, por la creciente vacancia en cargos de magistradas y magistrados, así como funcionarios del Ministerio Público que requieren para su designación el trámite previsto en el art. 175 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Que el número de vacantes ya no sólo produce una disminución en la calidad y demora en los tiempos del servicio, sino que también será la causa principal de la denegación de justicia en algunos fueros y departamentos judiciales
Que sabido es el contexto que atraviesa el servicio de justicia de nuestra provincia y sin dudas una de las causas es la vacancia de cargos, circunstancia que se ha visto agravada en los últimos años repercutiendo en todos los fueros e instancias, siendo alarmante la situación en los fueros laboral, penal y en la Justicia de Paz Letrada
Que el sistema de justicia se encuentra en riesgo de colapso. El número de vacantes ya no sólo produce una disminución en la calidad y demora en los tiempos del servicio.
Que hay 8 altos cargos que siguen sin cubrirse en el ámbito del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, y la mitad de las Fiscalías vacantes.
En la Cámara Penal quedó una vacante tras la jubilación del Dr. Guillermo Glitz, la misma situación que atraviesa el Juzgado de Garantías N° 2 que estaba a cargo del Dr. Gerardo Palacios Córdoba, la Defensoría que era conducida por la Dra. María Elena Amantegui, y el Juzgado de Paz de Pellegrini que condujo durante muchos años el Dr. Claudio Paso. También resta designar titular en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil tras el fallecimiento de la Dra. Diana Grassi. Y resolver la situación de tres fiscalías que no tienen fiscal: la N°1 donde se jubiló el Dr. Omar Flores, la N°2 por la jubilación de la Dra. Cicacci, y la N°3 después que el Dr. Juan Garriz pasara a ocupar el cargo de Juez Correccional.
Que son muchas vacantes para nuestro Departamento Judicial, y a eso se suma que cada juez o fiscal o defensor está reemplazando a otro magistrado paralelamente en la provincia, es decir, ejerce dos cargaos para cubrir vacantes, lo que genera un terrible deterioro físico y psicológico de las personas que lo hacen.
Que las estadísticas publicadas en la página de la Procuración General, indican que en el año 2007 se iniciaron más de quinientas mil causas, aumentando progresivamente hasta prácticamente duplicarse en el año 2019 donde se registraron casi un millón. En razón de lo expuesto, se advierte con claridad que en el marco de un sistema que estructuralmente era deficiente, operó un incremento exponencial de procesos penales que no fue acompañado de manera proporcional con la asignación de los recursos necesarios para abastecer tal demanda.
Que a pesar de lo señalado, el presupuesto provincial destinado a la Justicia no ha sufrido variaciones porcentuales adecuadas a lo largo de los años.
Que es necesaria la autarquía para el Sistema de Justicia y las 19 departamentales, y poder así manejar de manera independiente el presupuesto del Poder Judicial bonaerense, que hoy depende directamente del gobernador.
Que la relevancia social que esta actividad conlleva, impone la necesidad de un accionar urgente en auxilio de un servicio de justicia en materia penal próximo a colapsar.