El desplazamiento de una autoridad elegida por el voto popular pone en riesgo a la figura y cuestiona la importancia del voto popular
La decisión dramática de desplazar al Director del Ente Descentralizado de Treinta de Agosto, Jorge Zapata, pone en la mira la herramienta que lo sentó en ese sillón: la ordenanza de elección popular para el cargo.
Es cierto que toda la maniobra encarada por Miguel Fernández es perfectamente legal y cumple con la ordenanza vigente. Zapata había sido elegido dos veces en elecciones abiertas y no obligatorias, aunque en la última el caudal de votos y de participación fue escaso. Y el voto es no vinculante, aunque siempre los intendentes respetaron la voluntad popular. Con Barracchia fue del mismo signo político, con Feito tuvo idas y venidas y con MF es de colores políticos opuestos. Zapata es afiliado peronista, MF radical.
Pero el intendente se encargó en la conferencia de prensa de aclarar que los colores políticos y la ideología no tuvieron que ver con la decisión. Y manifestó su respeto por las ideas de Zapata, que asintió desde atrás, sentado en la misma mesa de la conferencia.
El desplazamiento, la baja credibilidad ahora del voto popular, la intervención y la promesa de una próxima elección sin fecha fijada, se combinaron para crear una prolongación de la crisis institucional desatada con la renuncia masiva del Consejo Asesor.